El Observatorio para la Libertad Religiosa y de Conciencia teme que el Gobierno de España restrinja pronto el ejercicio de este derecho fundamental, a pesar de haber elevado recientemente el rango administrativo del departamento encargado de esta área.  

 La pasada semana, el Ejecutivo elevó a la categoría de Dirección General la que hasta ahora era la Subdirección General de Libertad Religiosa, manteniendo al frente del departamento a Mercedes Murillo.  La diferencia básica entre ambas categorías es que para acceder a una Dirección General no es necesario que la persona designada sea funcionario del Estado, por lo que se convierte en un puesto con marcado carácter político.  

La presidenta del observatorio, María García, asegura que, pese a que elevar el rango de esta área es una buena noticia desde el punto de vista del organigrama del Gobierno, “dados los antecedentes de este Ejecutivo no confiamos en sus intenciones”. Para la entidad, una nueva norma sobre libertad religiosa elaborada por el Ejecutivo social comunista presidido por Pedro Sánchez supondría “una limitación mayor de este derecho fundamental”.  Otra consecuencia derivada de la creación de la Dirección General de Libertad Religiosa podría ser, a juicio de María García, un incremento en el presupuesto destinado a la Fundación Pluralismo y Convivencia, creada en 2004 por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, del PSOE. “Con un aumento presupuestario, la fundación podrá seguir discriminando a los católicos, pero aún con más medios”, denuncia la presidenta del observatorio.